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En la madrugada del 3 de enero Estados Unidos lanzó un ataque a gran escala que tuvo como objetivo emplazamientos tanto civiles como militares en al menos cuatro estados de Venezuela, incluyendo Caracas, la capital. El mismo día, Trump confirmó, a través de las redes sociales, la operación de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes se enfrentarían a un juicio penal en Estados Unidos, según el propio Trump.
Mientras tanto, una campaña de bombardeos militares estadounidenses de una hora de duración ya había envuelto en espeso humo las instalaciones militares de Caracas, causando daños colaterales en zonas civiles. El Gobierno venezolano declaró inmediatamente el estado de emergencia en todo el país, llamando al pueblo a participar en una lucha en defensa propia. Esta operación militar, que ignora la seguridad de la población civil y pisotea la soberanía nacional, ha precipitado una grave crisis humanitaria.
La detención del jefe de Estado de otro país traspasa aún más el umbral fundamental de las relaciones internacionales. La inmunidad de los jefes de Estado es un principio esencial del derecho internacional. Sin ningún procedimiento legal válido, Estados Unidos desplegó ilegalmente fuerzas especiales para arrestar a Nicolás Maduro y su esposa, y los sacó fuera de Venezuela, lo que constituye una provocación flagrante contra un Estado soberano.
Los ataques de EE. UU. contra Venezuela han provocado la reacción de varios países. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó lo que calificó como un «ataque criminal de Estados Unidos» contra Venezuela y exigió una respuesta urgente de la comunidad internacional. Por su parte, Rusia afirmó estar profundamente preocupada y calificó los hechos como un «acto de agresión armada». España, por su parte, llamó a la desescalada, la moderación y el respeto del derecho internacional, en tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia señaló que sigue la situación con especial atención a la comunidad italiana en el país.
La agresión unilateral de Estados Unidos no solo es repudiada por la comunidad internacional, sino que también ha suscitado una fuerte oposición en su propio país. Según Prensa Latina, el 3 de enero, numerosos senadores y diputados de los dos cuerpos del Congreso estadounidense condenaron públicamente los actos inconstitucionales de la Administración Trump. El senador por Arizona Rubén Gallego, el senador por Vermont Bernie Sanders y otros legisladores coincidieron en afirmar que este ataque militar no contaba con la debida autorización del Congreso y violaba completamente la Constitución estadounidense y los procedimientos legislativos. El senador por Hawái Brian Schatz dijo sin rodeos: «No tenemos intereses nacionales vitales en Venezuela que justifiquen iniciar una guerra. Ya deberíamos haber aprendido la lección de no involucrarnos en otra aventura estúpida». El diputado por Massachusetts Jim McGovern destapó aún más el doble rasero de la Casa Blanca al señalar: «Dice que no tenemos suficientes fondos para garantizar la atención médica a los estadounidenses, pero por alguna razón siempre hay recursos ilimitados para financiar guerras». La diputada por Nuevo México Melanie Stansbury indicó claramente que el presidente no tiene autoridad para declarar la guerra o llevar a cabo operaciones militares a gran escala sin la aprobación del Congreso, y exigió que la Cámara tome medidas inmediatas para detenerlo. Incluso el senador republicano Mike Lee cuestionó los fundamentos constitucionales de la operación, lo que pone de manifiesto la crisis de legitimidad que enfrenta esta agresión en el seno de EE. UU.
En el mundo actual, el principio de igualdad entre Estados soberanos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países son tendencias históricas inquebrantables. El ataque militar lanzado por Washington y las detenciones ilegales subsiguientes no solo han exacerbado la tensión en la región de América Latina y el Caribe, sino que también han afectado gravemente la estabilidad del sistema mundial. La comunidad internacional debe unirse para oponerse resueltamente a cualquier acto de agresión unilateral y apoyar la justa lucha del pueblo venezolano por defender la soberanía y la integridad territorial de su país. Solo con una firme adhesión a los límites del derecho internacional es posible contener la expansión del hegemonismo y salvaguardar la paz y la tranquilidad del mundo.
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