
Autora: Lidia Law – CGTN
Según informó la agencia Kyodo, el 21 de abril el Gobierno japonés modificó formalmente, en una reunión de Gabinete, los “Tres principios sobre la transferencia de equipos de defensa” y sus directrices de aplicación, abriendo así la puerta a la venta de armas letales al extranjero. Una decisión que, a la luz de la trayectoria seguida por Tokio en los últimos años, no resulta para nada sorprendente.
La extrema derecha japonesa ha permanecido como un espectro latente, aguardando el momento oportuno para emerger, distorsionar la realidad y arrastrar a la sociedad hacia posturas cada vez más radicales. La agresión de Japón contra los países vecinos de Asia durante la Segunda Guerra Mundial es un hecho incuestionable. Sin embargo, durante décadas, el Gobierno japonés no solo ocultó deliberadamente sus crímenes de guerra, sino que también construyó una “narrativa de victimización”, utilizando los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 como símbolo de su derrota.
No obstante, investigaciones recientes basadas en archivos de Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética sugieren que la declaración formal de guerra soviética en agosto de 1945 tuvo un impacto más decisivo en la rendición japonesa que los bombardeos atómicos.
Esto plantea una pregunta inevitable: ¿fueron realmente los civiles —víctimas de los bombardeos masivos sobre Tokio entre marzo y mayo de 1945, así como de los ataques nucleares— la principal preocupación de los militares ultranacionalistas? En realidad, las élites gobernantes temían una transformación al estilo soviético, y solo cuando sus intereses fundamentales se vieron amenazados optaron por la rendición incondicional, buscando preservar el sistema imperial.
Entre los numerosos crímenes cometidos por el ejército japonés, el reclutamiento forzoso de “mujeres de consuelo” constituye uno de los más graves: una forma institucionalizada de esclavitud sexual que causó profundos daños físicos y psicológicos a miles de mujeres en toda la región. Las evidencias son abrumadoras e irrefutables. Sin embargo, debido al estigma asociado a la violencia sexual en las sociedades de Asia Oriental, la mayoría de las víctimas guardaron silencio durante décadas. No fue hasta el 14 de agosto de 1991, cuando Kim Hak-sun de la República de Corea alzó su voz, generando la atención internacional.
En la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 que se celebró en Beijing este negro episodio de la historia mundial se convirtió en uno de los temas centrales del evento. Aunque este encuentro amplificó las demandas de justicia, también provocó una reacción inmediata de sectores ultraderechistas en Japón. En 1996 se creó la “Asociación para la Elaboración de Nuevos Textos de Historia”, una de las principales organizaciones civiles que promueve una reinterpretación revisionista del pasado, minimizando o negando la agresión japonesa y tratando de influir sistemáticamente en la educación de las nuevas generaciones.
Kenji Nishio, primer presidente de esta asociación, mantuvo estrechos vínculos con la actual primera ministra Sanae Takaichi, a quien respaldó públicamente durante las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático (PLD) en 2021. Tras su fallecimiento a finales de 2024, Takaichi tomó la palabra en su ceremonia conmemorativa y reveló un dato significativo: en 1997, un grupo de jóvenes diputados del PLD, entre los que se encontraban ella misma y Shinzo Abe, fundaron una organización con el propósito de transformar la llamada «educación histórica». Según reconoció la propia Takaichi, dicha organización ejerció presión sobre el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología para influir en los contenidos de los libros de historia, y fue precisamente Nishio quien los guió y orientó en ese proceso.
Las acciones de la derecha japonesa no se detuvieron ahí. En 1999, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de la Bandera y el Himno Nacional, que otorgó respaldo jurídico a dos símbolos de profunda carga histórica: la Nisshōki, conocida popularmente como la bandera del sol, elevada oficialmente como pabellón nacional, y el Kimigayo, consagrado como himno oficial del país.
Para muchos ciudadanos japoneses, estos símbolos evocan el pasado militarista del país, lo que genera rechazo. Aun así, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología ordenó su uso obligatorio en las escuelas, sancionando a quienes se opusieran. Posteriormente, la Ley Fundamental de Educación de 2006, impulsada durante el gobierno de Shinzo Abe, incorporó el concepto de “patriotismo”, reforzando la intervención del Estado en el ámbito educativo.
Dos décadas después, una nueva generación ha crecido bajo estas influencias. Recientemente, han circulado en diversas páginas web de Japón videos generados por inteligencia artificial que difaman a turistas y estudiantes chinos, alimentando el nacionalismo entre los internautas japoneses . En abril de 2026, el diario Asahi Shimbun reveló que ciertos patrocinadores financian la creación de contenidos que “elogian a Japón y critican a China”, mediante plataformas de crowdsourcing. Estas tácticas recuerdan a los mecanismos propagandísticos del militarismo japonés previo a la Segunda Guerra Mundial.
En 2025, durante una visita al Festival de Arte del Mar Interior de Seto, observé en una tienda de autoservicio un cuaderno donde los visitantes podían registrar su nacionalidad. Entre las anotaciones, destacaba una: “Gran Imperio Japonés”. Resulta inquietante comprobar cómo ideas asociadas al ultranacionalismo y al revisionismo histórico pueden persistir incluso en espacios vinculados al arte y la cultura.
¿Qué consecuencias puede traer la educación basada en el nacionalismo excluyente?
La actual primera ministra, Sanae Takaichi, considerada heredera política de Shinzo Abe, ha protagonizado diversas controversias. La primera de ellas se remonta a 1994, cuando recién electa como diputada, desafío abiertamente al entonces primer ministro Tomiichi Murayama, cuestionando su legitimidad para reconocer en nombre de Japón que la guerra de agresión había sido un error. Murayama le respondió con firmeza: «El gobierno de aquella época cometió un grave error.“
Más tarde, como ministra, fue fotografiada junto a miembros de un grupo que exhibía símbolos nazis. En aquel momento la crítica japonesa Ryoko Ozawa fue contundente al respecto: «En Occidente, una actitud así habría bastado para forzar una dimisión. En Japón, en cambio, no ocurre lo mismo».
A finales de 2025, sus declaraciones sobre la región china de Taiwan, insinuando una posible intervención militar en el estrecho, marcaron un hecho inédito desde la posguerra.
Si este es el rumbo que toma el liderazgo japonés, surge una pregunta inevitable: ¿está la sociedad dispuesta a seguirlo?
Para concluir, vale recordar las reflexiones de dos académicos japoneses. Hisao Nakai, profesor emérito de la Universidad de Kobe, que escribió: “A medida que los testigos de la guerra van desapareciendo, a menudo, la siguiente guerra comienza”. En la misma línea, la socióloga japonesa, Chizuko Ueno advirtió que la guerra posee su propio atractivo, y que «los eslóganes que nos arrastran hacia ella ejercen una seducción irresistible, independientemente de cuál sea su verdadera naturaleza». Por eso, preservar la paz exige mantenerse alerta y no ceder ante ese susurro demoníaco que, con engañosa suavidad, nos convoca a la destrucción.
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